Sistema binominal ¿Ganan todos por igual?

(La Segunda, 10 de mayo, 2006) El sistema electoral está en problemas y requiere una urgente modificación. Hoy, los representantes de la Cámara de Diputados representan efectivamente al 53,3% de la población y aquello se debe en gran parte al sistema electoral. Primero, los votantes e incluso los militantes de los partidos no tienen ingerencia en las decisiones sobre las candidaturas. Segundo, el mecanismo de elección hace muy predecible quién resultará vencedor. Finalmente, las dos primeras mayorías se sobrerepresentan, excluyendo que otras opciones puedan alcanzar un sitio en el Congreso.

Existen varios mitos sobre el sistema binominal, pero quizás el que mayor fuerza ha tomado en estos últimos tiempos sostiene que las dos coaliciones más votadas se ven beneficiadas por igual con el actual sistema. En otros términos, el sistema electoral estaría generando distorsiones equivalentes tanto para la Concertación como para la Alianza por Chile.

El estudio pormenorizado de los resultados electorales desde el retorno a la democracia demuestra que aquello no es efectivo.Si consideramos los resultados sólo de la Cámara de Diputados ha existido, efectivamente, una tendencia de igualación entre las dos coaliciones principales del país. En el período 1989-2005, ambas coaliciones se ven favorecidas por el sistema, lo que puede observarse al contratar el porcentaje de votos obtenidos y el número de escaños en el Congreso. En este ámbito, la Concertación se ha visto beneficiada en promedio 4,4 puntos, mientras que la Alianza por Chile lo ha hecho en 4,7 puntos. Es decir, en ambos casos, se presenta una sobrerepresentación que—como promedio--beneficia a ambas coaliciones en forma relativamente similar.

Si realizamos el mismo ejercicio con la elección de senadores, la diferencia es mayor y favorable a la segunda coalición. La Concertación en el mismo periodo se ha beneficiado en 0,76% mientras que la Alianza por Chile lo ha hecho como promedio en 8,6 puntos porcentuales. Es decir, en el Senado, la sobrerepresentación de la Alianza es mayor que los votos efectivamente obtenidos en las urnas. Ahora bien, existe otra forma de medir quién gana más con el sistema y es considerando cuál ha sido la ganancia o pérdida de escaños cuando las coaliciones aumentan o disminuyen sus votaciones de una elección a otra. En el caso de la Concertación un alza en la votación de 1 punto porcentual de un periodo a otro le ha significado una ganancia promedio de 0,42% de escaños. En cambio para la Alianza por Chile cada punto porcentual que ha ganado le ha significado un 0,95% de aumento en el número de escaños como promedio. Por su parte, una caída de 1 punto porcentual para la Concertación le ha significado una reducción del número de escaños de 0,95% mientras que para la Alianza le significa un 0,84% de pérdida. En otras palabras, la segunda coalición más votada siempre sale favorecida ya que, o pierde menos cuando obtiene un menor número de votos, o gana más asientos cuando incrementa su votación.

Desde el punto de vista de los partidos en competencia, el sistema tiende a favorecer siempre a los partidos más grandes o que incrementan significativamente su votación en una elección. Como promedio, los partidos más favorecidos con el sistema han sido RN, el PDC y el PPD. Sin embargo, el período 1989-2005 se observa una interesante tendencia. Mientras en el año 1989 los partidos que más se vieron sobrerepresentados fueron RN y el PDC, y en la última elección los más favorecidos fueron la UDI y el PPD. En el año 89 los más perjudicados fueron el PC y la UDI, y en el año 2005, el PC y el PDC.En síntesis, los números muestran que el sistema binominal no favorece a todos por igual. Siempre favorece en mayor proporción a la segunda coalición más votada, distorsionando la representatividad del sistema.

Designación de embajadores

(La Segunda, 26 de abril, 2006) La polémica sobre la designación de embajadores(as) es un ya clásico tema de debate en la inauguración de nuevos gobiernos. Para algunos, las embajadas constituyen premios de consuelo por infortunadas andanzas políticas. Para otros, nombrar un mayor número de embajadores de carrera es la mejor garantía de “despolitización” o, mejor dicho, profesionalización de la función diplomática. Así, se considera que a mayor cantidad de funcionarios de carrera, mayor “profesionalismo” de nuestra diplomacia.

El debate parte de tres supuestos erróneos. Primero, que los embajadores cumplen una función profesional “apolítica”. Aquello es falso por cuanto las embajadas representan los intereses culturales, políticos y económicos del país en la esfera internacional. Precisamente porque es una función política, requiere de la confianza presidencial y de las personas mejor preparadas para enfrentar el desafío de la representación de Chile en el exterior. Embajadores como Heraldo Muñoz, Andrés Bianchi, Luis Maira o Juan Gabriel Valdés, por nombrar algunos, han cumplido con extraordinaria dedicación sus funciones en el exterior.

En segundo lugar, se argumenta que las designaciones políticas no son “profesionales”. Esta aseveración devela una crítica a muchos profesionales que han dedicado su vida entera al servicio público a través de partidos políticos. Ello tampoco implica avalar prácticas de amiguismo y abuso de autoridad. La discusión debiera centrarse no en si las designaciones recaen en “políticos” o “funcionarios de carrera”, sino respecto de los criterios de excelencia con que se están realizando tales nombramientos. El énfasis debiera colocarse en las capacidades más que en la procedencia de las designaciones.

En tercer lugar, se argumenta que el profesionalismo de la diplomacia se incrementará a partir del nombramiento de embajadores de carrera, lo cual sólo sería correcto si existiese como correlato una modernización efectiva del ministerio, cuestión debatida con intensidad en las sesiones de la Cancillería del Siglo XXI que convocó el ministerio durante el año 2005.

La dificultad mayor no es quiénes llegan a ocupar los puestos de embajador o embajadora. Existe un problema de fondo respecto de los incentivos para ascender en la carrera, los mecanismos de evaluación para permitir dichos ascensos, y la definición de prioridades respecto de la permanencia en el país y en el exterior. Resulta un error plantear como tema de discusión si debe cumplirse con un porcentaje determinado de profesionales de carrera en las embajadas, sin antes discutir los criterios y mecanismos de ascenso de aquellos que alcanzan la máxima posición en su carrera.

Si se discuten los nombramientos, entonces no debiéramos dejar de referirnos a los siguientes aspectos. En primer término, el ministerio debiera generar incentivos para mantener en Chile a sus mejores profesionales y por un plazo de tiempo superior a dos años como sucede en la actualidad. Es aquí donde se genera y se da seguimiento a la política exterior. Sin embargo, hoy los incentivos están puestos en el exterior por los beneficios económicos que implica y ello requiere una urgente reforma.

Segundo, se necesita establecer un sistema objetivo de evaluaciones para evitar que más del 80 o 90 por ciento de los profesionales quede clasificado en categoría máxima. Ello se logrará a partir de un mecanismo de evaluación que incluya test de idiomas periódicos y no autoevaluaciones como hoy ocurre, reconocimiento a la capacitación, evaluaciones de sus superiores, y medición de logros en el cumplimiento de sus funciones. Si bien la antigüedad debe valorarse, una Cancillería moderna debiera apostar al mérito como primera prioridad.

Resulta obvio que la mayor profesionalización no se alcanzará automáticamente a partir de un mayor número de funcionarios de carrera en embajadas. Si se quiere discutir sobre una cancillería profesionalizada, se necesitarían colocar todas las cartas sobre la mesa.

El discutido acceso de Bolivia al mar

(La Tercera, 18-04-06) Por primera vez en muchos años se discute pública y abiertamente en Chile una solución al acceso de Bolivia al Océano Pacífico, lo que sin duda es una novedad. La política exterior chilena ha insistido en una agenda sin exclusiones que, junto con promover la facilitación del tránsito de bienes y servicios en la frontera, considera la búsqueda de una fórmula de salida de Bolivia al mar. El ministro Foxley sostuvo este domingo que "como posibilidad", no se excluye el acceso soberano al mar.

En Bolivia, en tanto, han surgido las primeras voces públicas favorables a buscar salida al mar sin soberanía. El ex diplomático Fernando Salazar planteó la noción de una administración con "supremacía territorial" pero sin soberanía. Por su parte, el ex vicepresidente Luis Ossio se mostró partidario del establecimiento de dos enclaves, uno que permita a Chile acceder al Atlántico por la hidrovía Paraguay-Paraná y otro para Bolivia en la zona portuaria de Mejillones.

Las dos guindas que coronan la torta han sido, sin duda, la declaración del vicepresidente Alvaro García Linera indicando que la estrategia marítima boliviana contempla el tratamiento bilateral del tema. Por su parte, el gobierno de Chile insistió que las conversaciones con Bolivia debieran incluir "una agenda amplia, sin exclusiones". Se están produciendo condiciones para un acercamiento bilateral y aquello es positivo.

La solución a este delicado tema requiere mucho ingenio, diplomacia de alto nivel y cautela. Ingenio para encontrar soluciones que dejen satisfechas a las partes. El signo esperanzador del actual momento es que se están flexibilizando las posiciones en ambos países y ya se introducen nuevos conceptos ("soberanía compartida", "supremacía", "administración de enclave", etc.). Se necesita de una diplomacia de alto nivel porque en esta etapa de la relación los dichos y acciones de cualquier autoridad pueden ser mal interpretados. Se requiere establecer puentes de diálogo y confianza que reduzcan los "ruidos" generados por actores políticos y sociales con intereses creados. La construcción de confianza implica la voluntad de ceder, pero también la capacidad de los actores de entender cuáles serán los límites de lo posible en cada contexto nacional.

Adicionalmente, se requiere actuar con extrema cautela. ¿En qué minuto los actores se sentarán a la mesa? ¿En qué formato lo harán?, ¿Con qué agenda?, ¿Se incluirá a Perú en parte de la solución si se ve afectado el tratado de 1929? Son interrogantes que deberán resolverse bilateralmente. Cada paso debiera incrementar los espacios de confianza y no producir el efecto contrario. Un avance significativo podría producirse después de la Asamblea Constituyente de Bolivia, en agosto próximo.

El acceso de Bolivia al mar es un asunto esencialmente bilateral, tiene potencialidades de convertirse en trilateral (Bolivia-Chile-Perú) e implica una preocupación multilateral. En una región crecientemente multilateralizada no debiera sorprender que otros países y organismos multilaterales manifiesten su preocupación por el tema, más cuando se trata de un problema que tiene efectos en el desarrollo y la estabilidad de las naciones. En este sentido, la visita del secretario general Insulza a Bolivia tiene un doble valor político: por una parte, se trata de la visita a un país que objetó su candidatura en junio de 2005 y, por otra parte, la máxima autoridad de la OEA conversará con el gobierno boliviano en torno a un sinnúmero de temas.No obstante, se requiere distinguir entre la "preocupación" que una instancia multilateral como la OEA podría tener por un asunto bilateral, y su potencial "intervención" en la solución del problema. El mandato de la OEA define como condición para iniciar un proceso de mediación o concertación el consentimiento de las partes.

Hoy, enfrentamos las condiciones ideales para iniciar un debate bilateral bajo la mirada atenta de instancias multilaterales. Los tiempos políticos parecen acompañar a ambos gobiernos y esperemos que las autoridades de estos países aprovechen una oportunidad que se da en contadas ocasiones en la historia diplomática.

Por que una ley de cuotas

(La Tercera, 9 de febrero, 2006) Las leyes de discriminación positiva o “acción afirmativa” son saludables y necesarias en el caso chileno. Su origen se vincula a la percepción que las condiciones sociales por sí solas no resuelven las brechas de desigualdad existentes en una sociedad. La legislación interviene para corregir aquella diferencia y generar condiciones de igualdad en el acceso al poder o beneficios sociales.

En Chile existen leyes de acción afirmativa aunque no las denominemos así. La más obvia de ellas es la ley electoral que favorece a las regiones con menos habitantes en el Senado. En este caso, se le otorga la misma cantidad de asientos a presentantes de una región que, por ejemplo, tiene 185 mil o 2.5 millones de electores. El voto de una persona en Punta Arenas o Antofagasta vale entre 15 y 30 veces más que un habitante de Santiago y ello gracias a un sistema que “discrimina” positivamente a favor de las regiones.

Los que se manifiestan en contra de discutir una ley de cuotas debieran preguntarse si es adecuado mantener un sistema de discriminación positiva en el Senado que favorece a las regiones por sobre la metrópolis. Me imagino que los senadores de regiones estarían de acuerdo con proteger los intereses de zonas del país que históricamente no han recibido los beneficios del desarrollo. El principio que se aplica aquí es idéntico: la ley incentiva la representación de determinadas regiones para compensar por la desigualdad en la atención que el centro les brinda.

Otro argumento en contra de la ley de cuotas es que sería “ofensivo” contra la mujer pues impondría cupos para ellas sin observar sus capacidades. El problema es que en Chile existen demasiadas barreras de entrada para que las capacidades de las mujeres puedan expresarse en cargos de representación popular. Chile presenta una tasa de presencia femenina en el Congreso muy inferior a la media latinoamericana. Asimismo, para una mujer resulta difícil competir en igualdad de condiciones con un hombre por temas como el financiamiento de campañas, el rol de la mujer en el núcleo familiar, y el mismo desinterés de algunos partidos en promover diversidad dentro de sus colectividades.

La experiencia comparada, en tanto, demuestra que: (a) no importa cuál sea el sistema político, un rol crucial le cabe a los partidos políticos en la decisión de incorporar a las mujeres en la competencia política, (b) las leyes de cuotas favorecen—aunque no automáticamente—la inclusión de la mujer en el sistema político, (c) estas normas funcionan de mejor manera en sistemas electorales de tipo proporcionales, y (d) la creciente incorporación de la mujer en el sistema político podría permitir la supresión de tal normativa en el largo plazo.

En Chile se ha producido una progresiva incorporación de la mujer al Congreso. Mientras en 1990 sólo el 5,8% de las presentantes de la cámara baja eran mujeres, a partir de marzo de 2006 la cifra se incrementará a 15,8%. En el senado su incorporación ha sido muchísimo más lenta. A partir de marzo sólo 2 de 38 senadores serán mujeres. Más de algún observador indicará que el aumento en la Cámara demuestra que sin leyes de cuota es posible aumentar la participación de la mujer. Sin embargo, cabe hacer notar que los partidos que históricamente han incorporado más a mujeres como candidatas (PPD y PS) tienen normas voluntarias de cuota en sus estatutos. En la misma línea, las militantes del PDC han presionado por una mayor incorporación de candidatas en sus listas.

La iniciativa de ley de cuotas se ajusta a la tendencia moderna de corregir desigualdades históricas de género. Debiera concebirse como una medida correctiva, aplicable a nivel de partidos y para todos los cargos de representación popular. El 40% es un umbral más que razonable y, de acuerdo a las cifras, el Partido Radical sería el único que tendría serios problemas para cumplirlo por su nula incorporación de mujeres a competencias electorales. Bienvenidos a los debates de la modernidad.

Lecciones del gasto electoral

(La Tercera, 23 de enero, 2006) Deberemos esperar, al menos, tres meses para conocer el esfuerzo financiero que los partidos y candidaturas declararon ante el Servicio Electoral. No obstante, desde ya podemos sacar importantes lecciones de la Ley 19.884 sobre "transparencia, límite y control del gasto electoral" en su segunda oportunidad de aplicación.

Una impresión no comprobada empíricamente es que, a nivel presidencial, el esfuerzo de los comandos, en esta ocasión, pareció ser inferior a elecciones anteriores. Esto puede explicarse por varios factores: la competencia entre las principales coaliciones en ambas vueltas fue más estrecha en 1999 que en esta oportunidad; la existencia de elecciones simultáneas al Congreso y la Presidencia dispersó el gasto electoral entre un mayor número de candidatos; y la ley de financiamiento electoral introdujo mayores obstáculos para gastar en campañas.

No obstante, el número de problemas de la actual normativa supera con creces los efectos positivos e indirectos que está teniendo en la democracia chilena. En primer lugar, regular el período electoral (11 de septiembre a 15 de enero) es obviamente insuficiente. La campaña presidencial comenzó con el proceso de primarias de la Concertación al menos seis meses antes de la inscripción de candidaturas. Como la ley de financiamiento electoral no aborda el período anterior a dicha inscripción, estamos frente a un vacío legal que es necesario resolver. El comando de Bachelet seguramente sufrió grandes dolores de cabeza cuando intentó buscar alguna fórmula legal para justificar la recolección de dineros antes del 11 de septiembre de 2005. Se requiere, por lo tanto, una ley que regule el conjunto de la actividad política, antes, durante y después del período electoral.

Es insólito que la ciudadanía no pueda informarse sobre el origen de los fondos de las candidaturas antes de emitir su voto, a fin de ejercer un "voto informado". La ley es, por decir lo menos, engorrosa y poco transparente, ya que la ciudadanía debe esperar al menos tres meses después de la elección para conocer los montos declarados por las candidaturas. Transcurrido aquel período, tampoco se conoce la totalidad de los fondos y menos se sabe si lo declarado se acerca a lo gastado por una candidatura por razones que explico a continuación. El Servicio Electoral sólo ejerce un control administrativo, dado que su labor se limita a verificar que el monto declarado por las candidaturas se ajusta a los recibos y comprobantes entregados por los mismos comandos a dicho servicio, después de verificada una elección. Ningún partido o comando querrá informar gastos superiores a lo que sus recibos lo indican. Por lo anterior, se requiere fortalecer el rol del Servicio Electoral como ente fiscalizador estableciendo, por ejemplo, mecanismos de control aleatorios e in situ durante el proceso electoral.

Un problema fundamental de la ley es que genera fuertes estímulos para que sean las empresas, y no las personas naturales, las que entreguen donaciones a las candidaturas toda vez que sólo las primeras obtienen beneficios tributarios si realizan tales donaciones. Corresponde discutir hasta qué punto las empresas pueden manifestar una "preferencia" cuando su fin último es el lucro.

El potencial intervencionismo de los órganos de la administración del Estado fue abordado por la ley en sus artículos 25, 26 y 27. Sin embargo, parece ser necesario explicitar todavía más lo que es y no es permitido a un funcionario público. Asimismo, es relevante explicar con más detalle las prohibiciones y funciones de los municipios durante el proceso electoral. Por ejemplo, el municipio debiera sancionar la colocación de publicidad indebida por igual, y no discriminatoriamente, como ha ocurrido en muchos casos.Finalmente, esperemos que los municipios cumplan con el artículo 55 de la ley retirando u ordenando el retiro de la propaganda electoral a costa de las candidaturas o partidos. Nos merecemos ciudades limpias.

EL TPI y el interes de EEUU

( La Tercera 29 de diciembre de 2005. En conjunto con Felipe Aguero) Al mismo tiempo que México se convertía en el país número 100 en ratificar el Estatuto de Roma, que crea el Tribunal Penal Internacional (TPI), el Senado chileno dio el gran paso, en octubre pasado, de aprobar una propuesta de reforma constitucional para poder sumarse a ese tratado. Chile aceptaría así la jurisdicción del TPI, el primer tribunal permanente para juzgar crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad. Como dijo el senador Espina, "nos sumamos al grupo de países que no está dispuesto a aceptar que dictadores que violan los derechos humanos queden en impunidad".

No obstante, la discusión y eventual aprobación final del tratado por el Senado ha sido pospuesta para el verano o después. Según informaciones de prensa, el gobierno estadounidense, que se ha opuesto tenazmente al tratado, busca garantías de excepción mediante un acuerdo no recíproco que excluya a tropas e individuos de esa nacionalidad de aquella jurisdicción internacional. Ya lo ha hecho con varios países y ahora le tocaría a Chile.

Para exceptuarse, EEUU ha desarrollado una compleja trama de disposiciones legales aprobadas por su Congreso. Por ejemplo, el Acta de Protección de los Miembros de las Fuerzas Armadas (Aspa) prohíbe al gobierno otorgar ayuda militar a los países que han ratificado el tratado. Una cláusula, incluso, autoriza al presidente a utilizar la fuerza para rescatar a algún estadounidense retenido por la Corte en La Haya. Y la enmienda Nethercutt a la Ley de Ayuda Exterior permite suspender la ayuda a los que, habiendo firmado el Estatuto, no han llegado a acuerdos de inmunidad con EEUU. Teniendo en cuenta la pretensión de EEUU, quienes finalmente tomen la decisión en Chile respecto de la mejor forma de proceder debieran, al menos, tener presente las siguientes consideraciones. En primer lugar, una gran fortaleza de la política exterior de Chile es la solidez de su apego al derecho internacional y los principios multilaterales en que se apoya. El TPI representa un sólido avance del derecho internacional.

El desprecio que el gobierno estadounidense ha mostrado por el multilateralismo no debiera ser refrendado por una concesión de Chile en esta materia. Chile ha podido manejar tanto la continuidad de sus principios de política exterior como el pragmatismo en sus relaciones con EEUU. Un logro histórico del gobierno de Ricardo Lagos fue precisamente la negativa a la aprobación de acciones bélicas en Irak a través del Consejo de Seguridad al mismo tiempo que se finalizaba el TLC con EEUU. Además, los extremos de las posiciones unilateralistas de EEUU deberán debilitarse en los próximos años. Segundo, son muchos los países que antecedieron a Chile en la ratificación del Estatuto de Roma que no cedieron a la presión de acordar con EEUU dicha inmunidad. Entre ellos están Brasil, Costa Rica, Perú, Venezuela, Ecuador, Sudáfrica y otros países de América Latina y Africa. México, el último país en ratificar, también se ha negado a conceder un estatus especial a EEUU.

Una rama del Parlamento jordano ha intentado bloquear un acuerdo de inmunidad y el de Nigeria se propone deshacer el acuerdo. Chile querrá estar en la compañía de aquellos países, especialmente los latinoamericanos.Finalmente, las represalias son menores. Se trata del cese de ayuda por montos que bordean los US$ 15 millones y que se refieren a ayuda en antiterrorismo, narcotráfico, lucha contra el sida e intercambios en educación militar. Quien más pierde con ellas son los propios intereses norteamericanos.

El propio jefe del Comando Sur, general Craddock, reconoció que con esta política, EEUU arriesgaba perder contacto e interoperabilidad con toda una generación de oficiales, en momentos en que China ingresa a la región en este campo. Al rechazar una demanda norteamericana de inmunidad, Chile seguirá reforzando su estatura internacional y la fuerza de su política exterior. Por su parte, la Casa Blanca deberá comprender que al respetar las posturas de su socio del sur, también ellos se eximen de las consecuencias negativas de las represalias con que amenazan.

Claudio Fuentes S. Director de FLACSO-Chile.Felipe Agüero, U. de Miami y Wilson Center.

Etica y Academia

(La Tercera, 14-11-2005). Parece ser que los estándares de lo permitido y no permitido en nuestra sociedad están cada vez más determinados por la justicia. Volcamos con mayor fuerza nuestras esperanzas en que sean los jueces -idealmente imparciales- los que resuelvan el conjunto de los problemas políticos e incluso éticos de la sociedad. Aunque esta judicialización habla bien del estado de derecho, plantea serias interrogantes sobre si todos los temas requieren una definición en tribunales.

Esta problemática queda bien ilustrada con el bullado caso del rector de la Universidad Diego Portales (UDP), Francisco Javier Cuadra. En la declaración del Consejo Superior de la UDP se destaca como una sana práctica de administración y gobierno el que los directivos que sean sometidos a proceso por un tribunal suspendan sus actividades transitoriamente a la espera del veredicto judicial. El razonamiento parece impecable al dejar que sea la justicia -independiente e imparcial- la que dicte su fallo.

Sin embargo, ¿es aconsejable que cada problema político y ético termine en los tribunales? La solución enunciada por el Consejo Superior de la UDP fue intentada sin éxito con anterioridad. En el año 2001, cuando el profesor Felipe Agüero denunció al entonces profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Emilio Meneses, como su torturador, la primera reacción de dicho plantel fue otorgarle un permiso administrativo indefinido a Meneses para que atendiera de mejor manera su problema judicial.

Aunque los casos difieren en varias de sus dimensiones, el problema ético que surgió entre los profesores es muy similar. En el caso de Meneses, los académicos del Instituto de Ciencia Política debatieron intensamente sobre el rol que le correspondía al conjunto de la comunidad universitaria en dirimir los límites de lo judicial y lo ético.

En dicho caso, el Consejo Académico distinguió entre la responsabilidad penal, que le tocaba decidir a los tribunales, y las consecuencias éticas del caso. En esa oportunidad, el Consejo actuó como un tribunal de honor, abordando temas vinculados a la confianza, el escándalo público y la convivencia académica. No se esperó la decisión de los tribunales -favorable, al final de cuentas, al profesor Agüero- sino que se actuó pensando en otras consideraciones no necesariamente legales.

Otro punto argumentativo común a los casos de Meneses y Cuadra es la referencia al desconocimiento de lo sucedido. Mientras Meneses se autodefinió como un mero "interrogador", Cuadra planteó que cuando se produjeron los hechos él no sabía lo que estaba pasando con los derechos humanos. "Recién en el año 91, con el Informe Rettig, se pudo tener una aproximación seria", sostuvo. En este último caso, el rector no sólo apela a su supuesta ignorancia de los hechos, sino que implica que para él eran poco serios los informes de instituciones como la ONU o la Iglesia Católica, que documentaron desde muy temprano las violaciones a los derechos humanos en Chile.

¿Cuál es, entonces, el límite entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política o ética? ¿Quiénes son las personas o instituciones llamadas a definir tales límites? ¿Cómo determinar la responsabilidad ética de quienes, apelando al argumento de la ignorancia, dicen haber actuado bajo el amparo de la ley? El caso Cuadra destaca la necesidad de establecer instancias no judiciales para dirimir estos asuntos en momentos donde lo legal no es suficiente para establecer estándares.

La justicia define lo que es legal o ilegal. La ética, en cambio, determina criterios compartidos de lo que es correcto o incorrecto para una comunidad. Mientras la ley plantea mínimos necesarios para la convivencia en sociedad, la ética impone estándares mucho más exigentes. Como académicos(as) debemos preguntarnos si las decisiones judiciales bastan para definir el conjunto de dilemas éticos que casos como éste nos plantean.

Todo, menos mayoritario

La predilección de Cristóbal Aninat por el sistema mayoritario, expresada en su columna del 7 de octubre en La Tercera, presenta varios problemas y carece de una base histórica para ser implementada en nuestro país. Lo que Chile debiera hacer es resolver el principal problema del sistema binominal, esto es, su carencia de representatividad. La propuesta de un sistema mayoritario haría todo menos responder a lo que Chile necesita....

Aparecido en La Tercera, 11 de octubre, 2005

América Latina y el mejor compañero

Cuesta pensar e imaginar la convulsión que vive América Latina desde el promisorio lugar que ocupa Chile en la actualidad. Sin embargo, nos es necesario entender los factores que explican el estado de crisis que viven varias naciones de la región, para así establecer un vínculo de nuevo tipo con América Latina... (artículo aparecido en Revista Mensaje (Santiago), Julio 2005).

El "boom" de la ciencia política en Chile

(artículo académico, en pdf). En este artículo se da cuenta del desarrollo de la ciencia política en Chile a partir del estudio analítico-descriptivo de las mallas curriculares y de los perfiles de los profesionales que enseñan en dichas carreras. Se concluye que, aunque existe una importante transición disciplinaria con tendencias a la profesionalización, todavía se advierten un sinnúmero de precariedades en el ejercicio de la disciplina. Se constata que gran parte del cambio se debe a las fuerzas del mercado y que es relevante una reflexión sobre qué tipo de profesionales se están formando y para qué. (co-autor con Graciela Santana. Publicado en Revista de Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de Chile, vol 25, No 1, 2005, pp. 16-39).

Sobre democracia y desarrollo

La interrogante que plantea Cristián Larroulet en su columna de La Tercera publicada el pasado domingo 18 es crucial y pertinente. El autor sostiene que es necesario preguntarse qué instituciones y qué políticas deben darse los países en democracia para poder crecer. Sin embargo, sus respuestas conducen a equívoco...

Chile, ¿país democrático?

Las reformas constitucionales recientemente aprobadas marcarán un hito en nuestro país. Cuando el próximo 17 de septiembre el Presidente Lagos firme la ley fundamental, nuestras instituciones serán un poco más democráticas. ¡Quién puede dudarlo! Aquel paso gigantesco podría llevar a pensar que la tarea democratizadora ha culminado, que ya tenemos una Constitución democrática y, como corolario, firmada por un Presidente elegido democráticamente.

El problema es el siguiente: la democracia no sólo se mide por la cantidad de enclaves eliminados, sino por la calidad de sus instituciones. Pasemos una breve revista a los principales déficit democráticos...

Que se vayan todos

"Que se vayan todos" era la consigna más repetida en Quito. Llegué a esa ciudad el domingo 17 por la noche en medio de protestas sociales que pedían la salida del Presidente Lucio Gutiérrez. Allí presencié el derrumbe en poco más de 48 horas de un gobierno. Las características de este nuevo intento de escape de un jefe de Estado por el aeropuerto, nos debieran advertir de fuertes tendencias que se repiten en la región...

Lecciones de una crisis

Por tercera vez en ocho años, Ecuador vivió el colapso de su sistema político y la salida de un presidente antes de cumplir su mandato constitucional. Esta vez, no fueron disciplinados militares los que en nombre de la estabilidad se abogaron para sí el poder político, más bien, se trató de un fenómeno social antisistema que de forma preocupante se viene repitiendo en varios países de la región...

Lo que significa el voto en la OEA

Hasta el domingo muchos planteaban que la OEA era una organización irrelevante e intrascendente para las grandes decisiones del hemisferio. Sin embargo, la reñida votación y el empate entre Derbez e Insulza en cinco oportunidades restableció un inusitado interés por esta alicaída organización. Si la OEA es tan irrelevante, ¿por qué entonces Estados Unidos y otros países de la región gastan tanto tiempo y energía en definir al secretario general? ...

Prioridades en política exterior

Existe un gran consenso político sobre los principios de nuestra política exterior: intangibilidad de los tratados, aceptación y promoción del derecho internacional y del multilateralismo y respeto a la soberanía nacional. Sin embargo, cuando abrimos el debate sobre las estrategias específicas de inserción internacional, los consensos parecen diluirse: ¿Debemos hacer de América Latina una prioridad? ¿Somos tercermundistas? ¿Con quién establecemos alianzas?

Sostengo aquí que en el actual contexto de interdependencia global se plantea un falso debate sobre opciones preferentes o prioridades....