Designación de embajadores

(La Segunda, 26 de abril, 2006) La polémica sobre la designación de embajadores(as) es un ya clásico tema de debate en la inauguración de nuevos gobiernos. Para algunos, las embajadas constituyen premios de consuelo por infortunadas andanzas políticas. Para otros, nombrar un mayor número de embajadores de carrera es la mejor garantía de “despolitización” o, mejor dicho, profesionalización de la función diplomática. Así, se considera que a mayor cantidad de funcionarios de carrera, mayor “profesionalismo” de nuestra diplomacia.

El debate parte de tres supuestos erróneos. Primero, que los embajadores cumplen una función profesional “apolítica”. Aquello es falso por cuanto las embajadas representan los intereses culturales, políticos y económicos del país en la esfera internacional. Precisamente porque es una función política, requiere de la confianza presidencial y de las personas mejor preparadas para enfrentar el desafío de la representación de Chile en el exterior. Embajadores como Heraldo Muñoz, Andrés Bianchi, Luis Maira o Juan Gabriel Valdés, por nombrar algunos, han cumplido con extraordinaria dedicación sus funciones en el exterior.

En segundo lugar, se argumenta que las designaciones políticas no son “profesionales”. Esta aseveración devela una crítica a muchos profesionales que han dedicado su vida entera al servicio público a través de partidos políticos. Ello tampoco implica avalar prácticas de amiguismo y abuso de autoridad. La discusión debiera centrarse no en si las designaciones recaen en “políticos” o “funcionarios de carrera”, sino respecto de los criterios de excelencia con que se están realizando tales nombramientos. El énfasis debiera colocarse en las capacidades más que en la procedencia de las designaciones.

En tercer lugar, se argumenta que el profesionalismo de la diplomacia se incrementará a partir del nombramiento de embajadores de carrera, lo cual sólo sería correcto si existiese como correlato una modernización efectiva del ministerio, cuestión debatida con intensidad en las sesiones de la Cancillería del Siglo XXI que convocó el ministerio durante el año 2005.

La dificultad mayor no es quiénes llegan a ocupar los puestos de embajador o embajadora. Existe un problema de fondo respecto de los incentivos para ascender en la carrera, los mecanismos de evaluación para permitir dichos ascensos, y la definición de prioridades respecto de la permanencia en el país y en el exterior. Resulta un error plantear como tema de discusión si debe cumplirse con un porcentaje determinado de profesionales de carrera en las embajadas, sin antes discutir los criterios y mecanismos de ascenso de aquellos que alcanzan la máxima posición en su carrera.

Si se discuten los nombramientos, entonces no debiéramos dejar de referirnos a los siguientes aspectos. En primer término, el ministerio debiera generar incentivos para mantener en Chile a sus mejores profesionales y por un plazo de tiempo superior a dos años como sucede en la actualidad. Es aquí donde se genera y se da seguimiento a la política exterior. Sin embargo, hoy los incentivos están puestos en el exterior por los beneficios económicos que implica y ello requiere una urgente reforma.

Segundo, se necesita establecer un sistema objetivo de evaluaciones para evitar que más del 80 o 90 por ciento de los profesionales quede clasificado en categoría máxima. Ello se logrará a partir de un mecanismo de evaluación que incluya test de idiomas periódicos y no autoevaluaciones como hoy ocurre, reconocimiento a la capacitación, evaluaciones de sus superiores, y medición de logros en el cumplimiento de sus funciones. Si bien la antigüedad debe valorarse, una Cancillería moderna debiera apostar al mérito como primera prioridad.

Resulta obvio que la mayor profesionalización no se alcanzará automáticamente a partir de un mayor número de funcionarios de carrera en embajadas. Si se quiere discutir sobre una cancillería profesionalizada, se necesitarían colocar todas las cartas sobre la mesa.